Un remate hipotecario es la adquisición de los derechos litigiosos de un inmueble que fue embargado por un banco debido al incumplimiento en el pago de la hipoteca por parte de su propietario original. No se compra el inmueble directamente, sino la deuda y el proceso judicial asociado, con la finalidad de adjudicarse la propiedad una vez concluido el litigio y recuperar la inversión con un descuento significativo sobre el valor comercial.

Los remates judiciales en subastas o almonedas son ventas públicas de bienes (muebles o inmuebles) embargados en un proceso legal, que se llevan a cabo en la sede de la autoridad judicial, como establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles de México. Estas subastas, también llamadas almonedas, suelen realizarse en etapas (primera, segunda y tercera almoneda) con precios de base que disminuyen en cada ocasión para atraer compradores, ya que la primera puede no tener éxito.

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La venta de cesiones de derechos litigiosos y adjudicatarios se refiere a la transferencia de un derecho sobre un bien que está en proceso de un juicio (derecho litigioso) o ya ha sido adjudicado a un banco en un remate pero sin escriturar a su nombre (derecho adjudicatario). El comprador (cesionario) adquiere estos derechos, que incluyen la posibilidad de concluir el proceso legal para obtener la propiedad o asumir la propiedad ya adjudicada, usualmente a un precio por debajo del valor comercial.

La asesoría en derecho inmobiliario es un servicio legal especializado que ofrece a personas y empresas orientación experta sobre todas las cuestiones relacionadas con la propiedad y las transacciones de bienes raíces, como la compraventa, arrendamientos, herencias, o el desarrollo de proyectos. Un abogado o asesor legal inmobiliario ayuda a revisar y preparar contratos, verifica la documentación legal, y brinda consejo para garantizar que las operaciones se realicen de manera segura, cumpliendo con las normativas y protegiendo los derechos de sus clientes frente a posibles fraudes o conflictos.

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